Servicio de Reducción de la Conducta Violenta — el programa nacional letón para agresores, financiado por el Estado

El Reglamento n.º 790 del Consejo de Ministros de Letonia (23 de diciembre de 2014) estableció un «servicio de rehabilitación social para personas adultas que han sufrido violencia y personas que han cometido violencia» financiado por el Estado, creando por primera vez una vía financiada paralela para agresores junto a los servicios para víctimas. La vía para agresores, comúnmente llamada «servicio de reducción de la conducta violenta», está abierta a cualquier persona sujeta a procedimientos administrativos o penales relacionados con violencia, a cualquier persona señalada por la policía, un servicio social o un tribunal de tutela por haber tenido conducta violenta o haber amenazado con violencia, a cualquier persona que se autoderive por miedo a volverse violenta, y a cualquier persona derivada por el Servicio Estatal de Libertad Condicional.
Todo el territorio letón es atendido por un único proveedor nacional contratado mediante licitación pública, SIA «Macibu centrs MKB», que ofrece hasta 16 consultas individuales de 45 minutos o un programa grupal de 16 sesiones de dos horas para un máximo de 12 participantes, orientado a reducir y prevenir nuevos riesgos de violencia. Funciona junto con el propio programa «Construir Relaciones Respetuosas» del Servicio Estatal de Libertad Condicional para personas bajo supervisión, y con los programas de resocialización de la Administración Penitenciaria para condenados.
El informe de Letonia de 2025 al GREVIO registra 509 personas usando el servicio en 2019, 492 en 2020, 445 en 2021 (21 por orden judicial), 708 en 2022 (154 por orden judicial) y 805 en 2023 (267 por orden judicial) — una tendencia creciente acompañada de un financiamiento estatal creciente (545.531 EUR en 2022; 719.487 EUR en 2023). El mismo informe declara claramente que «desde 2015 no se han tomado medidas para evaluar el impacto» del servicio, con una evaluación formal prevista solo en el marco de un futuro proyecto financiado por la UE — una carencia que el propio Estado ha señalado en lugar de ocultar.