La Ley DARE — el marco regulatorio de activos digitales de Bahamas, y el colapso de FTX

En noviembre de 2020, Bahamas promulgó la Digital Assets and Registered Exchanges Act (Ley DARE), uno de los primeros marcos estatutarios integrales a nivel mundial para autorizar y regular empresas de activos digitales y ofertas de tokens, administrado por la Securities Commission of The Bahamas (SCB). La ley estableció requisitos sobre participantes permitidos, capital mínimo, cumplimiento de AML/CFT y aprobación de la SCB, posicionando a Bahamas como una jurisdicción creíble para empresas de activos digitales.

Varias empresas de activos digitales de reconocimiento mundial se registraron posteriormente en Bahamas bajo este marco, en particular FTX Digital Markets Ltd, una filial del exchange de criptomonedas FTX, que trasladó su sede mundial a Nassau en 2021.

Cuando FTX colapsó en medio de acusaciones de uso indebido de fondos de clientes, la SCB actuó con rapidez: el 10 de noviembre de 2022 congeló los activos de FTX Digital Markets, suspendió su registro bajo la Ley DARE y solicitó al Tribunal Supremo de Bahamas la liquidación provisional; el 12 de noviembre de 2022, con autorización judicial, ordenó el traslado de los activos digitales restantes de FTX Digital Markets a un lugar seguro ante el temor de piratería informática. En enero de 2025, el Tribunal Supremo sancionó un acuerdo en el proceso de liquidación que resolvía la reclamación de sanciones regulatorias de la SCB, por 221,55 millones de USD, contra la masa concursal. En lugar de retirarse del sector, Bahamas aprobó una Ley DARE 2024 sustancialmente actualizada en julio de ese año.

Este caso se incluye como ejemplo cautelar: DARE logró atraer a una empresa emblemática de activos digitales de alcance internacional, y la respuesta documentada del regulador — una congelación de activos y suspensión de licencia en la misma semana — se compara favorablemente con respuestas más lentas observadas en otras jurisdicciones relacionadas con FTX. Pero el episodio también muestra que un régimen de autorización, por bien diseñado que esté sobre el papel, no pudo evitar el fraude alegado en la propia entidad autorizada, y la asociación del sector con Bahamas es ahora inseparable del colapso de FTX.