The Eco-social water tariff in Dunkerque, France

El cambio climático amenaza la disponibilidad de agua, lo que exige mejoras de eficiencia, pero unos precios más altos corren el riesgo de negar a los hogares de bajos ingresos el derecho humano al agua potable segura. La empresa de agua de Dunkerque, el Syndicat de l'Eau de Dunkerque (SED), presta servicio a unos 215.000 habitantes; el agua potable procede de aguas subterráneas situadas a más de 40 km de distancia (Audomarois), mientras que el agua superficial abastece a la intensa industria de la zona, a través de dos redes independientes construidas en la década de 1970. La antigua región de Nord-Pas de Calais tiene una de las tasas de pobreza/exclusión social más altas de Francia (25,9% en 2022).

Como una de las 50 autoridades locales participantes en una experimentación nacional, Dunkerque introdujo una tarifa eco-social -- un sistema de precios del agua medido y escalonado por tramos, con el objetivo de (1) reducir el consumo de agua y el uso de recursos, (2) aumentar la concienciación ambiental mediante incentivos financieros, y (3) introducir descuentos sociales automáticos para los hogares de bajos ingresos, eliminando las barreras burocráticas de acceso mediante el uso de los datos de elegibilidad de la CSS/CPAM (seguro de salud).

Una estructura de precios en tres tramos distingue el uso esencial del no esencial: tramo 1 (hasta 80 m3/año por hogar) con un precio de 1,29 EUR/m3 (subvencionado), tramo 2 (hasta 200 m3) a 2,40 EUR/m3, tramo 3 (por encima de 200 m3) a 3,18 EUR/m3 (todos precios de 2023); los beneficiarios de la CSS obtienen un descuento automático del 70%, pagando 0,50 EUR/m3. En 2023, el 72,1% de los hogares se mantuvo dentro del tramo 1, el 25,4% alcanzó el tramo 2 y el 2,6% alcanzó el tramo 3. Dado que la tarifa no puede tener en cuenta directamente el tamaño del hogar, unos 1.600 hogares en edificios colectivos sin contadores individuales (de un total de 36.000 viviendas multifamiliares en la zona) y los hogares más numerosos no pudieron beneficiarse automáticamente; se introdujo un 'Cheque eau' (12 EUR/año por persona a partir del sexto miembro del hogar; 40 EUR/año para vivienda colectiva sin contador), pero solo atrajo a unos 40 de los más de 1.800 hogares solicitantes esperados, por lo que el SED está buscando el intercambio de datos con la CAF (fondo de subsidios familiares) para automatizar este proceso, como ya hace con los datos de la CSS.

Un informe de 2017 (los datos de costes más recientes) situó los costes de implementación en unos 180.000 EUR (consultoría de diseño tarifario, instalación de contadores, planificación de la implementación), además de un coste continuo de gestión del sistema de facturación de 1,5 céntimos/m3. El 80% de los consumidores vio caer o mantenerse estables sus facturas; el 20% restante (principalmente grandes consumidores del tramo 3) experimentó aumentos. El consumo medio por hogar cayó de 83-85 m3/año (2010) a 67 m3/año (2023); el consumo del tramo 2 cayó de unos 90 m3/año (2010) a menos de 80 m3/año (2013). La captación de aguas subterráneas cayó un 10% en 2023, y el SED ahorró un 10% en costes frente a la tarifa anterior. El consumo del tramo 1 aumentó ligeramente (de menos de 70 a más de 75 m3/año), lo que sugiere un infraconsumo previo por parte de hogares con limitaciones presupuestarias, ahora más capaces de cubrir plenamente sus necesidades básicas; uno de cada dos hogares quedó por debajo del umbral de equilibrio del sistema anterior.

La tarifa se considera eficaz tanto desde el punto de vista ambiental como social, redistribuyendo los costes de forma que el 80% pague lo mismo o menos, a la vez que reduce el consumo global y permite a los hogares de bajos ingresos que antes infraconsumían aumentar modestamente su uso. Una importante campaña de concienciación, lanzada antes de la introducción de la tarifa y que continúa en 2024 a través de eventos culturales, deportivos y escolares, se atribuye a la aceptación del programa, con el objetivo de informar a los usuarios sobre el origen/valor del agua, la lógica de la tarifa y hábitos prácticos de conservación. Entre las limitaciones persistentes se incluyen la vivienda colectiva sin contador (16.000 hogares), la incapacidad de tener en cuenta de forma justa las necesidades de agua de los hogares numerosos (parcialmente bloqueada por la negativa a compartir datos por parte del organismo de subsidios correspondiente, aunque se espera que un decreto normativo nacional obligue a dicho intercambio), y el fallido sistema de cheque de adhesión voluntaria, que ha sido abandonado. El umbral del primer tramo se elevó de 75 a 80 m3/año en 2018 para cubrir a más hogares. El pago digitalizado tras la COVID se ha relacionado con el aumento de las facturas impagadas, particularmente entre los residentes de mayor edad y con menor alfabetización digital.