Legislación sobre Violencia Familiar y Sexual y Unidad Policial FSV
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En enero de 2013 Kirguistán elevó la pena máxima por el rapto de novias a 7 años (10 si es menor), con respaldo de ONU Mujeres. Pero los datos oficiales muestran que solo 1 de cada 1.500 casos de rapto termina en condena — una ley fuerte con aplicación débil.
El ala kachuu ("agarra y corre") es la práctica de raptar a una mujer, a menudo una desconocida, para forzarla a casarse. Pese a ser formalmente ilegal, seguía muy extendida en Kirguistán: la ONG Women Support Center registró al menos 11.800 matrimonios por rapto al año en todo el país, y estudios citados por la Dhaka Law Review hallaron que cerca de un tercio de todos los matrimonios eran no consentidos, cifra que sube al 57% en algunas zonas rurales. Tres suicidios de adolescentes raptadas y violadas en la provincia de Issyk-Kul entre 2010 y 2012 impulsaron la "Campaña 155", una coalición de la sociedad civil que exigía sanciones penales más duras.
El 20 de diciembre de 2012 el Jogorku Kenesh (parlamento) aprobó enmiendas a los artículos 154 y 155 del Código Penal, promulgadas por el presidente Almazbek Atambaev el 25 de enero de 2013. La pena máxima de prisión por rapto de novias subió a 7 años, y a 10 años cuando la víctima es menor de edad. ONU Mujeres atribuyó públicamente el cambio a la incidencia sostenida de organizaciones kirguisas de derechos de las mujeres, en coordinación con parlamentarios.
Los datos gubernamentales y de ONG recopilados desde entonces sugieren que la ley cambió poco sobre el terreno. Los tribunales registraron solo 19 condenas en 2010, 28 en 2011 y 25 en 2012, frente a miles de raptos denunciados, y varias fuentes indican que solo alrededor de 1 de cada 1.500 casos de rapto termina en condena, con jueces que aplican con frecuencia penas suspendidas o multas administrativas. La persistencia del problema quedó trágicamente subrayada por el asesinato, en abril de 2021, de Aizada Kanatbekova, raptada para matrimonio días después del octavo aniversario de la reforma — un caso cubierto por Al Jazeera que desencadenó protestas en todo el país y nuevos llamados a una reforma de la aplicación, no solo legislativa.
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