Monitoreo Electrónico de Agresores de Violencia Doméstica de Alto Riesgo — Georgia
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Desde 2012, la Ley turca n.º 6284 permite que tribunales y policía emitan con rapidez órdenes de protección y prevención para sobrevivientes de violencia doméstica, respaldadas por la línea ALO 183, disponible las 24 horas. Las órdenes se han disparado, pero el seguimiento de feminicidios muestra que persisten fallos de aplicación más de una década después.
TR51La Ley turca n.º 6284 sobre la Protección de la Familia y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (2012) faculta a la policía, los fiscales y los tribunales para emitir órdenes preventivas contra los agresores y órdenes de protección para las víctimas, por un plazo de hasta seis meses, inspirándose en parte en el marco del Convenio de Estambul del Consejo de Europa. La línea de apoyo social ALO 183, disponible las 24 horas y gestionada por el Ministerio de Familia y Servicios Sociales, es uno de los principales puntos de acceso previstos en la ley.
Proporcionar mecanismos de protección legal rápida y una línea de apoyo para las víctimas de violencia doméstica.
Los tribunales y la policía emiten órdenes preventivas y de protección; la línea ALO 183 recibe denuncias de violencia y coordina las solicitudes de órdenes de protección. ONU Mujeres se asoció con el Ministerio de Justicia (2022-2023) para elaborar una guía de aplicación destinada a jueces y fiscales, con el fin de cerrar las brechas de aplicación de la ley.
Los datos del Ministerio de Justicia citados por Human Rights Watch muestran que las órdenes preventivas aumentaron de 139.218 en 2016 a 272.870 en 2021, y las órdenes de protección pasaron de 1.801 a 10.401 en el mismo período. Sin embargo, el informe de 2022 de Human Rights Watch documenta que los tribunales no suelen sancionar los incumplimientos, y registra que, de las 307 mujeres asesinadas en 2021, 38 tenían una orden de protección activa en el momento de su muerte. El observatorio de la sociedad civil 'We Will Stop Femicide' registró 394 mujeres asesinadas en 2024, la cifra anual más alta desde que comenzó el seguimiento, incluso después de que Turquía se retirara del Convenio de Estambul en 2021 bajo presión política para debilitar la ley.
Un caso en el que existe un instrumento legal bien diseñado y ampliamente utilizado, pero que aún no ha producido el resultado protector para el que fue creado; una advertencia contra confundir el volumen de órdenes con la seguridad real de las víctimas.
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