El regulador de privacidad de Corea del Sur ayuda a desmontar el programa nacional de libros de texto digitales con IA

El Ministerio de Educacion de Corea del Sur lanzo su proyecto nacional de Libro de Texto Digital con IA (AIDT) para el ano escolar de marzo de 2025, cubriendo ingles y matematicas para 3o y 4o de primaria, ademas de ingles, matematicas e informatica para secundaria basica y bachillerato. El gobierno comprimio el ciclo habitual de desarrollo y revision (12 meses de desarrollo y 3 de revision, frente a 18 y 9 meses para los libros ordinarios) y destino al menos 533.300 millones de wones solo en ese ejercicio fiscal, parte de unos 1,2 billones de wones (850 millones de dolares) de gasto publico, frente a unos 800.000 millones de wones (567 millones de dolares) invertidos por las editoriales.

En mayo de 2025, la Comision de Proteccion de Informacion Personal (PIPC), el regulador independiente de proteccion de datos de Corea, completo una inspeccion preliminar del proyecto AIDT y hallo dos violaciones legales ademas de varias otras deficiencias en el diseno de los mecanismos de proteccion de datos personales del programa, recomendando que el ministerio de educacion y la agencia estatal a cargo corrigieran o reforzaran esas salvaguardas. El hallazgo fue uno de varios problemas citados en el colapso del proyecto: evaluadores y padres tambien senalaron imprecisiones factuales, mayor carga de trabajo para docentes y alumnos, fallos tecnicos que retrasaban las clases, y tiempo excesivo frente a la pantalla.

La adopcion cayo de cerca del 37% de las clases elegibles en el primer semestre al 19% en el segundo, y el numero de escuelas que usaban los libros cayo de unas 4.190 a 2.095. El 4 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobo una ley que redefine los libros de texto oficiales para incluir solo libros impresos y digitales estaticos, retirando a los libros de texto digitales con IA su estatus oficial y reduciendolos a material suplementario opcional -- un giro que, segun las editoriales, pone en riesgo empleos creados para construir el programa. Es un caso raro y bien documentado en el que los hallazgos de un regulador de privacidad independiente convergieron con quejas de calidad y sobrecarga para ayudar a desmontar un gran despliegue de tecnologia educativa impuesto por el gobierno.