Ley Micaela de Argentina (Ley 27499/2019) — Capacitación obligatoria en género para el personal del Estado

La Ley Micaela de Argentina (Ley 27499), promulgada el 10 de enero de 2019, obliga a todas las personas que integran el servicio público nacional —en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos los niveles jerárquicos— a completar una capacitación obligatoria sobre perspectiva de género y violencia contra las mujeres.

La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años asesinada en 2017 por un hombre liberado bajo libertad condicional pese a condenas previas por violencia sexual. Fue elaborada en respuesta directa a las demandas del movimiento #NiUnaMenos por una acción sistémica del Estado frente a la violencia de género.

Su implementación está a cargo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), que certifica los programas y publica informes anuales de cumplimiento. Al cierre de diciembre de 2023, 234 710 agentes del sector público nacional de los tres poderes habían recibido la capacitación en 73 programas certificados ejecutados por 146 organizaciones. Otras 9 280 personas provenientes de la sociedad civil, sindicatos, medios, deporte y partidos políticos también participaron.

El modelo fue federalizado: en 2023, 22 de las 23 provincias argentinas habían adoptado legislación provincial equivalente, documentada bajo el compromiso OGP AR0091 (2020–2022).

Limitación: las evaluaciones miden tasas de participación, no cambios conductuales ni resultados de política pública, por lo que la evidencia de efectividad sigue siendo preliminar.