La reserva del 30 % de vivienda social de Barcelona (2018) — Una cuota obligatoria con cerca del 10 % de las viviendas previstas entregadas

En 2018, Barcelona introdujo la obligación de que las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones de más de 600 m² reserven un 30 % para vivienda social (VPO), con el objetivo de unas 330–400 viviendas asequibles al año (las cifras varían según la fuente).
Una moratoria en 2019 y 2020 permitió aprobaciones sin reserva, por lo que esta solo funcionó realmente desde 2021 (estudio del IDRA, citado por Ara). Los datos del Ayuntamiento recogidos por Ara muestran 156 de 1.650 viviendas previstas (cerca del 10 %) construidas tras cinco años. Un experto señaló que construir lleva 3–5 años, por lo que los efectos se retrasan.
Spanish Property Insight, medio del sector inmobiliario y fuente parcial, informa de una fuerte caída de solicitudes de licencia y de obra nueva tras la norma; las cifras usan definiciones distintas (licencias, inicios, finalizaciones) y atribuyen causalidad a la cuota sin evaluación controlada.
En septiembre de 2023 el Ayuntamiento aprobó una propuesta para sustituir el 30 % fijo por una fórmula más flexible según la situación de vivienda del distrito, la ubicación y la densidad. El alcalde Jaume Collboni dijo que la cuota «no ha dado los resultados prometidos».
Lección: las cuotas obligatorias de inclusión interactúan con la viabilidad del mercado, el calendario y las reglas transitorias; conviene medir las finalizaciones, no las licencias.