La Ley Francesa de Transparencia Algorítmica — "Letra Muerta desde 2016", según la Defensora del Pueblo

Desde 2016, la Ley para una República Digital de Francia (Artículo L. 312-1-3 del Código de relaciones entre el público y la administración) exige a los organismos públicos de cierto tamaño publicar en línea las reglas que rigen los algoritmos que utilizan para tomar decisiones individuales. En un informe publicado el 13 de noviembre de 2024, la Défenseure des droits (la Defensora del Pueblo independiente de Francia) concluyó que la obligación "ha permanecido letra muerta desde 2016", citando solo tres organismos conocidos por cumplirla: la agencia nacional de empleo France Travail, y los consejos departamentales de Ille-et-Vilaine y Val-d'Oise.
El informe de la Defensora del Pueblo constató que, incluso cuando las administraciones sí publican información, esta suele ser incompleta o difícil de localizar, y recomendó que el gobierno introdujera sanciones económicas por incumplimiento y publicara una lista pública de qué administraciones cumplen o no — ninguna de las cuales existía en la fecha de publicación del informe.
Ante la ausencia de fiscalización activa, tres investigadores independientes —la socióloga Camille Girard-Chanudet, la diseñadora Estelle Hary y la investigadora en IA y derechos humanos Soizic Pénicaud— lanzaron el Observatoire des algorithmes publics (ODAP) en noviembre de 2024, para compilar, al margen de los canales gubernamentales, un inventario de los algoritmos que realmente utilizan las administraciones centrales y las agencias estatales. En su lanzamiento, el ODAP excluyó explícitamente a los ayuntamientos y hospitales por falta de datos fuente accesibles.
Esta práctica se incluye como un caso cautelar basado en evidencias, no como una historia de éxito: documenta, con una conclusión oficial de la Defensora del Pueblo, lo que ocurre cuando un mandato de transparencia algorítmica carece de mecanismo de aplicación, y muestra a investigadores de la sociedad civil asumiendo el trabajo de divulgación que la propia ley no ha producido en ocho años.