La unidad aduanera alemana de Control Financiero del Trabajo No Declarado (Finanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS) publica un balance anual de su actividad de fiscalización. Las estadísticas de 2025, publicadas el 20 de febrero de 2026, registraron 98.200 procesos penales y 52.100 procesos administrativos iniciados, unas 25.800 inspecciones a empleadores, un daño financiero identificado de aproximadamente 675 millones de euros y unos 1.200 años acumulados de penas de prisión, lo que ilustra la magnitud del problema del trabajo no declarado que el país intenta combatir.
El 13 de noviembre de 2025, el Bundestag aprobó la Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung (SchwarzArbMoDiG), que entró en vigor el 1 de enero de 2026. La ley otorga a la FKS una base legal para realizar análisis automatizado de datos y recurrir a "Künstliche Intelligenz (selbstlernende Systeme)" -sistemas de IA autoaprendices- que cruzan registros de las autoridades fiscales, la seguridad social y las bases de datos aduaneras, además de conceder acceso electrónico directo a los sistemas de control horario y contabilidad de las empresas. La reforma cuenta con el respaldo de unos 900 inspectores adicionales.
La ley prohíbe explícitamente que estos sistemas determinen de forma autónoma la "peligrosidad" de una persona, limitando la IA a señalar patrones para que los inspectores humanos los revisen, en lugar de permitirle tomar decisiones de fiscalización por sí sola, una salvaguarda confirmada por análisis jurídicos independientes de la norma.
Dado que las disposiciones sobre IA solo entraron en vigor legalmente en enero de 2026, las estadísticas anuales más recientes publicadas por la FKS (correspondientes a 2025) todavía reflejan operaciones previas a la IA; aún no se ha publicado ninguna evaluación independiente de la precisión de deteccion ni del rendimiento procesal de la nueva herramienta de puntuación de riesgo. Comentaristas alemanes especializados en derechos digitales también han expresado preocupación por otras nuevas facultades de vigilancia, como la autorización de escuchas telefónicas, otorgadas en el mismo paquete legislativo.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.