Directrices KDU–Kelaniya — Correcciones de Accesibilidad Web Probadas por la Comunidad para Usuarios con Discapacidad Visual en Sri Lanka

El Ministerio de Salud de Sri Lanka estima que alrededor del 9% de las personas mayores de 40 años vive con algún grado de discapacidad visual a nivel nacional, pero en 2016 aún no existía ninguna guía de diseño dedicada a construir sitios web gubernamentales o públicos accesibles en el país.
Un estudio del IEEE TENSYMP de 2016, realizado por Gopinath, Senthooran, Lojenaa y Kartheeswaran, auditó 47 sitios web gubernamentales de Sri Lanka con la herramienta WAVE y comprobaciones relacionadas. Encontró que, si bien muchas páginas superaban la validación automática básica como "sin errores", más del 90% seguían siendo, en la práctica, inaccesibles o poco prácticas para personas con discapacidad, y ninguna alcanzaba el cumplimiento total de las WCAG 2.0.
A partir de esa base, un estudio de design science de 2023 de la General Sir John Kotelawala Defence University y la University of Kelaniya puso a prueba nueve intervenciones de accesibilidad —texto alternativo, encabezados semánticos, texto redimensionable, navegación por teclado, narración de audio, impresión exportable en braille— directamente con usuarios con discapacidad visual. Un grupo focal de diez personas (tres totalmente ciegas, tres con visión parcial, cuatro con pérdida leve de visión) evaluó pares de sitios web, con y sin las funciones, en una escala Likert de cinco puntos. Un segundo grupo focal de veinte personas, que probó la navegación semántica y los atajos de teclado, no registró ninguna valoración de satisfacción baja o nula: 10% muy alta, 45% alta y 45% moderada. En cuanto a la narración de audio en particular, los participantes se repartieron entre tres motivos de satisfacción distintos (44%, 37%, 26%), mientras que las versiones sin audio generaron quejas explícitas de que el acceso era "difícil" o "muy poco práctico". Cinco expertos independientes en accesibilidad web validaron las recomendaciones finales.
Se trata todavía de un estudio académico de muestra pequeña —entre 10 y 20 participantes por prueba— y no de una norma nacional implementada, y los autores no identifican ningún programa institucional posterior que haya adoptado las directrices a gran escala.