El Mandato Legal de Kosovo para la Presupuestación con Perspectiva de Género — Institucionalización y Límites

La Red de Mujeres de Kosovo (KWN) comenzó a abogar por la presupuestación con perspectiva de género con el apoyo de la GIZ en 2013. En 2014, el Ministerio de Finanzas incorporó directrices de presupuestación de género en la Circular Presupuestaria anual, obligando a ministerios y municipios a informar sobre los beneficiarios previstos y reales del gasto, desglosados por sexo.
El artículo 5 de la Ley n.º 05/L-020 de Igualdad de Género, publicada el 26 de junio de 2015, convirtió la presupuestación con perspectiva de género en una obligación vinculante para todas las instituciones públicas, tras una defensa sostenida de la KWN y la Agencia para la Igualdad de Género.
La KWN apoyó directamente el análisis presupuestario de género en seis ministerios centrales (Trabajo y Asuntos Sociales, Educación, Comercio e Industria, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Agricultura/Bosques/Desarrollo Rural, Diáspora) y cuatro municipios (Kamenica, Gjakova, Hani i Elezit, Pristina); su currículo de formación fue posteriormente adoptado por el Instituto de Kosovo para la Administración Pública y la Agencia para la Igualdad de Género como práctica estándar. En noviembre de 2022, otros 15 municipios firmaron memorandos con ONU Mujeres para ampliar la presupuestación de género, dentro de un programa financiado por la Sida. Un efecto local documentado: el municipio de Dragash comenzó a ofrecer un autobús gratuito para que las mujeres rurales pudieran llegar a las reuniones públicas de consulta presupuestaria, lo que las autoridades locales relacionaron con un aumento notable de la participación femenina.
Un reportaje de Balkan Insight (mayo de 2026) concluyó que, más de una década después del mandato legal, la presupuestación con perspectiva de género 'rara vez moldea el gasto' en la práctica, una brecha que el propio balance de la KWN atribuye a la débil desagregación de datos por género, la capacidad institucional limitada y una voluntad política inconsistente. Esta práctica se incluye como un ejemplo honesto de un marco legal sólido cuya implementación todavía no alcanza sus objetivos.