Proyecto de Mejora de la Gestión de Pastos y Ganadería de Kirguistán — Uniones Comunitarias de Usuarios de Pastos

La Ley de Pastos de Kirguistán de 2009 transfirió la gestión de los pastos de propiedad estatal del país —su mayor activo agrícola— de agencias centrales a Uniones de Usuarios de Pastos (PUU) elegidas localmente y sus Comités de Pastos ejecutivos, que abarcan todos los municipios rurales. Para ayudar a implementar la ley, el Banco Mundial aprobó el equivalente a 15 millones de dólares (8,25 millones en crédito concesional más 6,75 millones en donación) para el Proyecto de Mejora de la Gestión de Pastos y Ganadería (PLMIP), ejecutado entre 2014 y 2019 con el Departamento de Pastos, Ganadería y Pesca (DPLF).

Según el Informe de Finalización de la Implementación del Banco Mundial, el PLMIP alcanzó a más de 190.000 beneficiarios directos en 140 comunidades participantes, apoyó la elaboración de Planes Comunitarios de Gestión y Uso de Pastos, financió la demarcación e inventario de límites de pastos, y financió 475 pequeños subproyectos de infraestructura de las Uniones de Usuarios de Pastos, como puntos de agua, puentes y puestos veterinarios. Las encuestas a beneficiarios citadas en el informe hallaron que el 58,6% de los usuarios de pastos estaban satisfechos con la gestión de las PUU y el 95,5% satisfechos con los servicios veterinarios privados introducidos en paralelo.

La investigación independiente y revisada por pares es más cauta respecto a la profundidad de la reforma. Un estudio publicado en Mountain Research and Development halló que la gobernanza de propiedad comunitaria prevista por la Ley de Pastos "aún no se ha realizado plenamente" en la práctica, y un artículo complementario en la revista Pastoralism concluye igualmente que la gestión comunitaria de pastos en Kirguistán ha producido un cambio institucional real, pero no ha logrado de forma integral los resultados previstos sobre el terreno, señalando la captura por élites y las carencias de capacidad en algunas PUU.

En conjunto, el programa constituye una reforma institucional genuina y de escala nacional que vincula los medios de vida locales con una gestión sostenible de los pastizales, con un alcance creíble y cuantificado, aunque con brechas documentadas de forma independiente entre el diseño de la política y su plena realización sobre el terreno.