Ley Karin — La Ley Nacional Chilena Contra el Acoso Laboral y el Acoso Sexual
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La ley uruguaya de 2009 sobre acoso sexual otorga a los trabajadores el derecho a denunciar ante la Inspeccion General del Trabajo y garantiza indemnizacion minima y proteccion del empleo, aunque la mayoria de los casos aun no se denuncia, segun las autoridades.
La Ley N.º 18.561, promulgada en 2009 y reglamentada en 2017, fue una de las primeras leyes de America Latina en definir y sancionar especificamente el acoso sexual en las relaciones laborales y en las relaciones docente-alumno, abarcando lugares de trabajo tanto del sector publico como del privado. Otorga a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) de Uruguay la potestad de recibir e investigar denuncias en toda la economia, y los sindicatos tambien estan habilitados para recibir y trasladar denuncias en nombre de los trabajadores. Las victimas cuyo acoso sea comprobado tienen derecho a una indemnizacion minima equivalente a seis meses de salario, y todo despido dentro de los 180 dias posteriores a la presentacion de una denuncia se presume legalmente como represalia.
La IGTSS lleva anos registrando el volumen de denuncias: en 2025 registro 601 denuncias de acoso laboral y sexual combinadas, segun datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a informacion publica realizadas por KPMG Uruguay. Las denuncias de acoso sexual cayeron especificamente un 31% y las de acoso laboral en general un 8% respecto de 2024, aunque ambas se mantuvieron por encima del promedio de los siete anos anteriores, lo que indica una carga subyacente persistentemente alta y no un pico aislado.
El propio analisis juridico de KPMG, difundido junto con las cifras de 2025, advirtio que las cifras oficiales 'subestiman significativamente los incidentes reales': el miedo a perder el trabajo, el pudor -especialmente en los casos de acoso sexual- y la dificultad de enfrentar la situacion hacen que muchas victimas nunca lleguen a presentar una denuncia formal. Uruguay tampoco cuenta aun con una ley especifica para el acoso laboral general ('moral'), que solo se aborda mediante convenios internacionales y no mediante legislacion nacional.
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