La Ley Japonesa de Prevención del Acoso de Poder — Política Antiacoso Obligatoria para Toda Empresa

La enmienda de 2020 a la Ley de Promoción Integral de Medidas Laborales dio a Japón su primera definición legal de 'acoso de poder' (pawahara): conductas que explotan una posición de superioridad en el lugar de trabajo, exceden lo necesario para fines profesionales y perjudican el ambiente laboral. Entró en vigor para las grandes empresas en junio de 2020 y se volvió obligatoria para las pequeñas y medianas empresas en abril de 2022. Las empresas comprendidas, bajo la supervisión del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW), deben adoptar una política antiacoso por escrito, mantener un servicio de consulta y quejas, responder a los incidentes denunciados, y tienen prohibido perjudicar a cualquier trabajador que denuncie acoso. La ley no establece sanciones penales ni multas directas por incumplimiento: la herramienta de aplicación más fuerte del MHLW es la orientación administrativa y la divulgación pública ('exposición') de las empresas incumplidoras.
La propia encuesta nacional encargada por el MHLW encontró que la proporción de trabajadores que reportaron acoso de poder en los tres años anteriores disminuyó levemente, de 32,5% en 2016 a 31,4% en 2020, y las consultas ante las Oficinas de Trabajo prefecturales en la categoría 'bullying/acoso' cayeron de unas 87.570 en el año fiscal 2019 a 54.987 en el año fiscal 2024. En la misma encuesta de 2020, el 48,2% de las empresas declaró haber recibido consultas relacionadas con acoso de poder en los tres años anteriores, la proporción más alta entre todas las categorías de acoso medidas.
A pesar de la caída en el número bruto de consultas, 'bullying/acoso' se mantuvo como la categoría individual de litigio laboral más común de Japón durante 13 años consecutivos hasta el año fiscal 2024, entre más de un cuarto de millón de litigios presentados a nivel nacional ese año. Un estudio revisado por pares publicado en 2024 en Women's Studies International Forum fue más allá, argumentando que el enfoque legal restringido de la ley tuvo el efecto colateral irónico de legitimar ciertas formas de acoso contra mujeres en puestos directivos.