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Una ONG con sede en Phnom Penh mapea y publica datos antes dispersos sobre concesiones de tierra, minería e hidroeléctricas en una única plataforma abierta. Un estudio de caso de GovLab vincula su conjunto de datos unificado con una reducción gubernamental de cerca de 1 millón de hectáreas de concesiones de tierra inactivas; la plataforma sigue activa hoy con unos 6.900 conjuntos de datos.
Antes del lanzamiento de Open Development Cambodia (ODC) en 2011, los grupos de la sociedad civil que hacían seguimiento de las concesiones de tierras económicas, la minería y los proyectos hidroeléctricos en Camboya recopilaban datos de forma independiente e inconsistente, lo que debilitaba la incidencia y la supervisión pública; un Índice de Conocimiento Abierto de 2015 situó la disponibilidad de datos abiertos de Camboya en solo un 12%.
ODC pretendía compilar la documentación pública gubernamental y de la sociedad civil sobre tierra, medio ambiente, economía e industria en una única plataforma geoespacial verificada, siguiendo indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
ODC, un "grupo de medios de datos abiertos/conocimiento abierto" privado sin ánimo de lucro, construyó mapas interactivos que incluyen capas satelitales y topográficas. La plataforma alberga actualmente cerca de 6.900 conjuntos de datos públicos bajo licencia CC BY-SA y forma parte de la red más amplia Open Development Mekong, que abarca Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam. El desarrollo inicial fue financiado por una subvención del programa SPIDER de más de 55.000 dólares.
El estudio de caso Open Data's Impact de GovLab (2017) constató que ODC alcanzó cerca de 35.000 usuarios y 70.000 páginas vistas mensuales poco después del lanzamiento, y vinculó los datos unificados de concesiones de la plataforma con la reducción, por parte del gobierno camboyano, de aproximadamente 1 millón de hectáreas de concesiones de tierras económicas en manos de inversores inactivos, al tiempo que aumentaba las concesiones de tierras sociales para comunidades pobres.
Los propios autores de GovLab advierten que "no se realizó ninguna evaluación externa independiente": las conclusiones sobre el impacto se basan en entrevistas y evidencia anecdótica, no en una evaluación controlada, y que la adopción se concentró en medios internacionales y ONG ya equipadas para usar los datos, con escasa evidencia de uso de base comunitaria o gubernamental local.
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