El Sello de Accesibilidad Digital de Perú — El Codiseño Incorporado a un Sello Nacional
Perú
Creado por Decreto Supremo en febrero de 2024, el Sello de Accesibilidad Digital de Perú exige que las plataformas candidatas …
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El sello portugués de accesibilidad digital, con tres niveles (Bronce, Plata y Oro), gestionado por la AMA y el INR, exige que los candidatos al nivel Oro prueben sus sitios y aplicaciones con personas con discapacidad. El número de sellos se duplicó entre 2022 y 2024, pero menos del 10% de los sitios con declaración de accesibilidad lo tienen.
PT17Desde 2022, la Agência para a Modernização Administrativa (AMA) y el Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) de Portugal gestionan una certificación del sector público en tres niveles — Bronce, Plata y Oro — construida sobre las obligaciones de accesibilidad basadas en las WCAG previstas en el Decreto-Ley 83/2018.
El esquema busca llevar a los organismos públicos más allá del cumplimiento legal mínimo, hacia una accesibilidad verificada y probada con usuarios, con una meta gubernamental de que el 90 % de los sitios web públicos portugueses cuenten con el sello a finales de 2026.
Solo el nivel Oro exige evidencia directa de diseño inclusivo: los solicitantes deben encargar pruebas de usabilidad con usuarios reales — incluyendo explícitamente a personas con discapacidad o incapacidad —, documentar los resultados en un informe y demostrar que se implementaron todas las recomendaciones antes de conceder el sello. Municipios como Valongo y la comunidad intermunicipal CIM Região de Aveiro estuvieron entre los primeros en alcanzar el nivel Oro, ya en julio de 2024.
El número de sellos en vigor prácticamente se duplicó, de 16 a 38, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024, mientras que el número de declaraciones de accesibilidad publicadas se multiplicó por cinco en el mismo período. Menos del 10 % de los organismos públicos que publican una declaración de accesibilidad llegan a solicitar el sello.
La brecha entre el número creciente de declaraciones y el número aún reducido de sellos — junto con la distancia respecto a la meta de 2026 — ilustra tanto el potencial como los límites de una certificación voluntaria superpuesta a una obligación legal.
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