Presupuesto Participativo — la ley nacional peruana de presupuesto participativo

El Congreso de Perú aprobó la Ley N.º 28056 (la 'Ley Marco del Presupuesto Participativo') en 2003, sobre la base de las leyes de descentralización de 2002, exigiendo a todos los gobiernos regionales y locales realizar un ciclo anual de presupuesto participativo: convocatoria de 'agentes participantes' de la sociedad civil registrados, capacitación, talleres de priorización y formalización de la lista de proyectos resultante frente al plan de desarrollo de cada jurisdicción. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) regula el proceso y supervisa su cumplimiento mediante un 'Instructivo' anual y una plataforma de reporte. Villa El Salvador, un distrito al sur de Lima, fue pionero en la práctica en 2000-2001 — inspirado en Porto Alegre, Brasil — tres años antes de que la ley nacional la hiciera obligatoria en todo el país.
En su primer año con reporte completo (2005), el MEF registró a 801 gobiernos regionales y locales aplicando el proceso — las 26 regiones, 111 de 195 municipalidades provinciales (57%) y 664 de 1.634 municipalidades distritales (41%) — con 30.061 participantes registrados en decisiones que abarcaron más de S/.2.600 millones (unos 780 millones de dólares en su momento) y 12.473 proyectos priorizados. Una evaluación del Banco Mundial de 2010 encontró que, para 2007, el proceso ya debatía cerca del 36% de los presupuestos subnacionales a nivel nacional (unos 393 millones de dólares).
Investigación independiente de estudios de caso (IEP, 2020, referida a 2014-2016) encontró que la proporción de proyectos priorizados que realmente llegaron al presupuesto ejecutado variaba enormemente según el nivel de gobierno y la localidad — desde 83% en el distrito de Río Negro hasta apenas 10% en la región de Amazonas — y que incluso los proyectos presupuestados se ejecutaban a una tasa menor que la inversión ordinaria (36% frente a 52% en una provincia estudiada). El mismo estudio, junto con un análisis de género del Banco Mundial de 2010, encontró que las mujeres nunca superaron el 32% de los participantes, el 26% de los miembros de los comités de vigilancia ni el 20% de los equipos técnicos, y documentó que algunas jurisdicciones aplicaban el proceso sobre todo para cumplir con el mandato legal, sin deliberación real.