Safer City — La red nacional de cámaras policiales con IA de Botsuana

El proyecto Safer City, mencionado por primera vez en el discurso sobre el Estado de la Nación de 2016 del presidente Ian Khama, es una red de videovigilancia HD y reconocimiento automático de matrículas (ANPR) gestionada por la policía, desplegada por el Servicio de Policía de Botsuana (BPS) con el proveedor tecnológico Huawei Technologies Botswana. Xinhua informó de que el sistema entró en funcionamiento en Gaborone y Francistown a partir de febrero de 2020, alimentando un centro de mando en la comisaría de Kutlwano a través de enlaces de fibra óptica.

Un portavoz del BPS citó como objetivos proteger la vida y los bienes y combatir el terrorismo.

La investigación periodística de Sunday Standard, con sede en Botsuana, sitúa la red en 650 cámaras operativas en Gaborone y 524 en Francistown, con planes del BPS para ampliarla a 2.000 y 974, respectivamente, cubriendo las principales carreteras, cruces y semáforos. El reportaje de Business Weekly, citando la licitación n.º DJS/MMTC/PPOL:083/2014-2015, cifró la Fase 1 (Gaborone, en un radio aproximado de 50 km) en unos 3.000 millones de pula, con el despliegue nacional en tres fases presupuestado en unos 10.000 millones de pula; una partida presupuestaria independiente de 77,7 millones de pula del BPS para el ejercicio 2020/21 cubrió cámaras adicionales, enlaces LTE y sistemas de huellas dactilares.

No se han publicado estadísticas de reducción de la delincuencia, número de detenciones ni cifras de precisión del reconocimiento facial para Safer City.

La gobernanza del proyecto ha sido genuinamente cuestionada, lejos de un éxito sin matices. El 15 de julio de 2021, el propio regulador de contratación pública de Botsuana, el PPADB, rechazó una licitación selectiva por adjudicación directa a Huawei Technologies Botswana e ICT Dynamix, declarando el proceso indebido y su alcance indefinido. La Association for Progressive Communications documenta además cámaras asociadas a Huawei con capacidad de reconocimiento facial en uso sin consentimiento claro ni mecanismos de transparencia, operando en ausencia de un marco legal específico más allá de la Ley de Protección de Datos de 2018 de Botsuana; se cita al profesor de derecho de la Universidad de Botsuana, Tachilisa Balule, afirmando que ninguna ley autoriza específicamente el proyecto. Se trata de un caso bien documentado de despliegue de vigilancia a gran escala con IA, con cifras reales de despliegue y coste, pero con una implementación no evaluada y legalmente cuestionada, y sin evidencia independiente de impacto en la seguridad pública.