La crisis de incendios forestales en Portugal —sobre todo los incendios de 2017, que mataron a más de 100 personas— llevó al gobierno a ampliar su ya veterano programa de Sapadores Florestais, gestionado por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), que emplea todo el año a equipos asalariados de cinco personas para reducir la carga de combustible forestal, en lugar de depender únicamente de la extinción estacional de incendios.
En agosto de 2019, más de 400 equipos estaban activos en todo el país, y se aprobaron 40 equipos adicionales (una inversión de 2,6 millones de euros) para alcanzar un total de 500 equipos y unos 2500 efectivos; cada brigada de tres equipos debe cubrir al menos 7500 hectáreas (o, en el caso de equipos forestales exclusivamente, al menos 2500 hectáreas), lo que dota al país de una red de gestión de combustible cartografiada y financiada por el Estado, en lugar de una respuesta improvisada. El desempeño del programa entre 2011 y 2020 fue objeto de una evaluación oficial, y el Sistema Integrado de Gestión de Incendios Rurales en el que se enmarca tiene una evaluación intermedia en curso, con una evaluación final prevista para 2031, lo que significa que la reducción del área quemada atribuible específicamente a la red de sapadores aún no se ha cuantificado de forma independiente.
Dado que esa evaluación de resultados sigue pendiente, la evidencia más sólida disponible hoy es operativa —número de equipos, financiación, cobertura exigida legalmente— y no un impacto probado en la reducción de incendios; C-NAPSE puntúa la práctica en consecuencia, valorando la gobernanza y la escala de despliegue.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.