El PMO de Ciudad Inteligente de Taipéi — un intermediario de laboratorio vivo para pilotos de tecnología urbana

Creada en 2016 por el Departamento de Tecnologías de la Información de Taipéi y operada por la Taipei Computer Association, la Oficina de Gestión de Proyectos de Ciudad Inteligente (TPMO) funciona con un presupuesto anual de unos 30 millones de nuevos dólares taiwaneses (1,07 millones de dólares) y unos 20 empleados. En lugar de emitir licitaciones tradicionales, las empresas presentan sus ideas directamente a la TPMO, que las conecta con los departamentos municipales pertinentes —coordinando más de 30 departamentos y agencias civiles— para pilotos en condiciones reales bajo el marco '1+7' de la ciudad.

Solo en su primer año, la TPMO celebró casi 600 reuniones de intermediación público-privada, entrevistó a unas 200 empresas y completó más de 60 casos de intermediación. En sus primeros tres años, hasta 2019, recibió más de 100 propuestas piloto, de las cuales aproximadamente un tercio avanzó a la fase de prueba de concepto —y menos aún se convirtieron en programas duraderos—. En conjunto, más de 200 proyectos de ciudad inteligente han producido resultados tangibles, repartidos entre unas 30 iniciativas de arriba hacia abajo y 170 propuestas de abajo hacia arriba, de las cuales el 32% provino de startups.

Un ejemplo emblemático es WeMo, un servicio de patinetes eléctricos compartidos que la TPMO ayudó a coordinar con el Departamento de Transporte para su lanzamiento. Otro es un enlace de comunicación basado en drones desarrollado con el Cuerpo de Bomberos de Taipéi para la respuesta ante desastres. El modelo ha sido reconocido internacionalmente, obteniendo el oro en la categoría 'Ciudad Cooperativa' de los premios WeGO (World e-Governments Organization), y está catalogado por el programa Green Cities del BERD como una herramienta de política transferible para otros municipios.

La propia oficina reconoce que la tasa de conversión de propuestas en proyectos duraderos sigue siendo modesta, y describe la normativa vigente de contratación pública como una limitación continua para una colaboración público-privada más profunda; su objetivo a largo plazo de convertirse en una entidad parcialmente autofinanciada aún no se ha logrado.