El Portal de Datos Abiertos de Uzbekistán — De una Resolución del Gabinete de 2015 a un Puesto Entre los 50 Mejores del Mundo
Uzbekistán
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El Ministerio de Justicia de Georgia lanzó data.gov.ge en 2015 dentro de su plan de la Alianza para el Gobierno Abierto. Una revisión independiente de 2018 encontró solo 161 bases de datos activas —un caso documentado de un portal bien diseñado frenado por normas de publicación voluntarias y sin aplicación real.
En 2015, como parte de su Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, el Ministerio de Justicia de Georgia —a través de su Agencia de Intercambio de Datos (LEPL), hoy Agencia de Gobernanza Digital— lanzó un portal nacional de datos abiertos, www.data.gov.ge, pensado para que empresas, ONG y ciudadanos usaran libremente los datos gubernamentales y construyeran servicios a partir de ellos.
Una evaluación independiente de 2018 del Institute for Development of Freedom of Information (IDFI), publicada a través de K-Monitor, encontró que el portal solo tenía 161 bases de datos en abril de 2018 —concentradas en finanzas, educación y ciencia, y gobernanza pública—, una cifra que el informe calificó de "considerablemente baja". En el Open Data Barometer de 2016, Georgia obtuvo una puntuación relativamente alta de 0,70 (puesto 16 mundial) en la dimensión general de derecho a la información, pero mucho más baja, 0,51 (puesto 36 mundial, 4.º regional), específicamente en la publicación de leyes y datos gubernamentales —una brecha entre la apertura legal y lo que realmente se publicó.
Las entrevistas del IDFI con personal de la Agencia de Intercambio de Datos identificaron la causa con honestidad: ninguna ley obliga a las instituciones públicas a publicar en el portal, por lo que la participación depende por completo de la buena voluntad de cada institución, y la mayoría de los datos divulgados permanecen en PDF escaneado en lugar de formatos abiertos. En parte para llenar ese vacío, el propio IDFI creó y sigue gestionando un portal cívico independiente, OpenData.ge, alimentado con sus propias solicitudes de acceso a la información. El caso georgiano es un ejemplo cautelar genuinamente útil: un portal nacional bien intencionado cuyo alcance quedó limitado por la falta de un mandato legal, no por la tecnología.
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