El Portal de Datos Abiertos de Uzbekistán — De una Resolución del Gabinete de 2015 a un Puesto Entre los 50 Mejores del Mundo
Uzbekistán
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La Política de Revolución de Datos de 2017 de Ruanda obligó a los ministerios a salir de los silos de datos y alimentar un único portal nacional, construido por el MINICT, el NISR y la RISA. En 2020, Ruanda se situaba entre los países mejor puntuados del Open Data Inventory, aunque la demanda ciudadana todavía va por detrás de la oferta de datos.
Ruanda aprobó una ley de acceso a la información en 2013 y encargó ese mismo año una Evaluación de la Preparación para Datos Abiertos. En 2017, el gobierno adoptó una Política Nacional de Revolución de Datos que exigía a los ministerios dejar de guardar datos en silos departamentales y alimentar en su lugar un único portal centralizado y accesible al público.
El Ministerio de TIC e Innovación (MINICT), el Instituto Nacional de Estadística de Ruanda (NISR) y la Autoridad de la Sociedad de la Información de Ruanda (RISA) lideraron la construcción. El MINICT y la RISA organizaron un concurso de desarrollo web para implicar a tecnólogos locales en las herramientas de recopilación de datos de la plataforma, que abarcan desde meteorología y precios hasta fiscalidad, inversión, educación, cultura y la eficiencia de los servicios públicos. El NISR organiza además, por separado, un concurso anual de periodismo de datos basado en los conjuntos de datos que ya publica.
Según mediciones independientes, Ruanda se situó entre los países mejor puntuados del Open Data Inventory (ODIN) 2020 —por detrás del líder México y junto a Mongolia y Moldavia—, según un análisis del blog de datos del Banco Mundial sobre esa edición. Pero una revisión independiente del sitio DevelopLocal encontró carencias reales detrás de esa clasificación: la publicación sigue orientada por la oferta, sin una demanda ciudadana equivalente; el liderazgo de gobernanza es desigual entre departamentos; y la práctica sobre el terreno no siempre coincide con lo que exige la política de 2017. El caso ruandés es un intento genuino, aunque todavía inacabado, de unificar los datos del gobierno, no una historia de éxito cerrada.
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