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Dinamarca hizo obligatorio Digital Post desde 2014 y permite eximir a quienes no pueden manejarse en lo digital. Desde el 1 de junio de 2023 la exención abarca también el autoservicio obligatorio. En el primer trimestre de 2026, 238.479 residentes estaban exentos y 4,86 millones recibían Digital Post.
Dinamarca exigió que los residentes de 15 años o más recibieran el correo de las autoridades públicas por vía digital mediante Digital Post, implantado por fases hacia 2014, e impuso el autoservicio digital en decenas de áreas de servicio. El Gobierno acompañó la obligación con actividades de difusión dirigidas a personas mayores, con discapacidad, inmigrantes y residentes de vivienda social, y exigió a las autoridades ofrecer vías alternativas de solicitud cuando los ciudadanos no pudieran usar los canales digitales.
La exención es el mecanismo de inclusión. Los residentes sin competencias digitales, con discapacidad, socialmente vulnerables, con barreras lingüísticas o que no pueden obtener MitID pueden quedar exentos de Digital Post y seguir recibiendo cartas en papel. Desde el 1 de junio de 2023, quien está exento de Digital Post queda automáticamente exento también del autoservicio digital obligatorio en muchos sectores públicos, y puede acudir a los centros municipales de atención ciudadana para recibir ayuda presencial.
La Agencia de Gobierno Digital informa de que en el primer trimestre de 2026 había 238.479 residentes exentos y 4,86 millones que recibían Digital Post, y de que en 2025 se enviaron más de 253 millones de mensajes. La satisfacción en las encuestas de 2025 fue de en torno al 81 % entre ciudadanos y al 60 % entre empresas. Estas cifras describen escala y satisfacción, no el bienestar de las personas excluidas.
Advertencia: la investigación independiente es crítica con el diseño coercitivo. Una tesis doctoral de 2015 de la Universidad de Roskilde, de Jesper Bull Berger, evaluó la estrategia coercitiva de Digital Post y sostiene que la confianza pública en la digitalización y la relación ciudadano–Estado están en riesgo, y que la coerción solo es inocua si se rige por principios éticos. Reseñas de la tesis citan a personal de primera línea que vio a ciudadanos perder derechos y dinero por dificultades con el canal digital. La ampliación de la exención en 2023 puede leerse como respuesta política, pero no hay evaluación publicada de cuántas personas elegibles se alcanzan realmente ni de si los resultados son equitativos.
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