Kartu Prakerja — la Tarjeta de Preempleo de Indonesia

Kartu Prakerja (la Tarjeta de Preempleo) fue creada mediante el Decreto Presidencial (Perpres) n.º 36/2020, firmado por el presidente Joko Widodo en febrero de 2020 y lanzada públicamente en marzo-abril de 2020 como parte de la respuesta de Indonesia a la pandemia de COVID-19. Está supervisada por el Comité Cipta Kerja, presidido por el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, y ejecutada por la Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP), con sede en el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, en Yakarta. Se trata de un programa nacional, distribuido mediante un sistema de cuotas provinciales en las 34 provincias y 514 distritos/ciudades del país: la propia Yakarta concentra alrededor del 7% de los beneficiarios, la tercera proporción más alta de cualquier provincia, pero no desempeña ningún papel administrativo especial más allá de albergar la sede del organismo coordinador. Los solicitantes de empleo elegibles, los trabajadores despedidos y quienes necesitan recualificación reciben un vale de formación para adquirir un curso en una red de plataformas digitales acreditadas, además de incentivos económicos posteriores a la formación.

En su primer año (2020), el programa inscribió a 6,1 millones de personas, pagó incentivos a 5,3 millones y desembolsó Rp13,35 billones. El alcance acumulado superó los 18,36 millones de personas en octubre de 2023 y rondó los 18,9-19 millones a finales de 2024, con un total de incentivos desembolsados que alcanzó los Rp41,59 billones (unos 2.660 millones de dólares) hasta septiembre de 2024. Los presupuestos anuales confirmados cayeron marcadamente a medida que se retiraba el marco de "asistencia social" de la era pandémica: Rp17,99 billones en 2022, Rp5,34 billones en 2023 y unos Rp5 billones en 2024, con una meta de apenas 1,15 millones de beneficiarios ese año, un recorte considerable respecto al pico pandémico.

La evaluación metodológicamente más rigurosa del programa es un ensayo controlado aleatorizado realizado por Rema Hanna (Harvard), Benjamin Olken (MIT) y coautores indonesios, que utiliza 20 loterías reales de admisión que abarcan a más de 11 millones de solicitantes, cruzando datos de encuestas con registros administrativos del gobierno; el estudio está previsto para publicarse en el American Economic Journal: Economic Policy (aceptado en 2025). Su conclusión central es sobria: muchos beneficiarios declararon no haber recibido realmente la ayuda, y el estudio no halló impacto detectable en el empleo ni en el consumo. Esto contradice directamente un informe de "resultados preliminares" de 2021, ampliamente difundido (J-PAL Sudeste Asiático / TNP2K, nunca revisado por pares), que afirmaba ganancias considerables —alrededor de +30% en la probabilidad de iniciar un negocio y +Rp122.500 en el ingreso mensual— cifras que todavía se citan en parte del material promocional del programa. Estudios no experimentales más débiles, basados en emparejamiento por puntaje de propensión, reportan efectos secundarios mixtos, incluida una mayor probabilidad de trabajo informal ("gig work") pero con ingresos reducidos en ese grupo.

En junio de 2020, la Comisión Erradicadora de la Corrupción de Indonesia (KPK) halló conflictos de interés en 5 de las 8 plataformas digitales de formación designadas sin licitación pública estándar, incluidos casos en los que la subsidiaria de una plataforma suministraba una gran parte de sus cursos pagos, y constató que solo 250 de los 1.895 cursos revisados cumplían los estándares básicos de formación en línea. Dos asesores especiales presidenciales —Adamas Belva Devara (cofundador de la plataforma socia Ruangguru) y Andi Taufan Garuda Putra (director ejecutivo de Amartha)— dimitieron en abril de 2020 en medio de la controversia. Auditorías estatales posteriores (BPK) hallaron Rp390.000 millones pagados a participantes posteriormente incluidos en listas negras y Rp290.000 millones desviados a participantes no elegibles con ingresos por encima del umbral permitido; una revisión adicional de la BPK en 2024 encontró 54.856 participantes no elegibles y Rp10.460 millones en desembolsos indebidos por un control insuficiente de la asistencia a las clases. Los organismos de auditoría KPK, BPK y BPKP declararon el programa "limpio y correcto" en 2021, tras implementarse las correcciones recomendadas.