Certificado de Género y Equidad de Uganda — Evaluación Obligatoria de Cumplimiento para el Presupuesto Nacional
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Creado en 2008 como el primer mecanismo de este tipo en América Latina, el Anexo 13 del presupuesto federal mexicano etiqueta gasto para la igualdad de las mujeres en decenas de dependencias; el monto etiquetado creció de 233.700 millones de pesos (2022, 3% del presupuesto federal) a 479.200 millones de pesos en 2025, aunque analistas independientes advierten que gran parte financia programas poco transformadores.
Desde 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación de México incluye un anexo dedicado —hoy numerado Anexo 13, 'Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres'— que etiqueta, en decenas de dependencias federales, recursos destinados explícitamente a avanzar la igualdad de género. Según Fundar, una organización mexicana de transparencia presupuestaria, fue el primer mecanismo presupuestario de este tipo en América Latina. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) dan seguimiento conjunto y publican las asignaciones del anexo en cada ciclo presupuestario.
El monto etiquetado ha crecido de forma sustancial: según el CEFP, alcanzó 233.732 millones de pesos en 2022 (3% del presupuesto federal), 419.434,1 millones de pesos en 2024 y 479.248,4 millones de pesos en el presupuesto de 2025, repartidos entre 35 ramos gubernamentales, incluido el recién creado Ramo 54 'Mujeres'.
El escrutinio independiente matiza, sin embargo, este crecimiento. El centro de análisis mexicano IMCO sostiene que una parte considerable de los recursos del Anexo 13 financia programas con un impacto de género poco transformador —gasto nominalmente etiquetado pero no necesariamente transversal ni sujeto a seguimiento de resultados—, y los propios informes de INMUJERES reconocen que la perspectiva de género se aplica 'de manera parcial, sin un enfoque transversal a lo largo de todo el ciclo [presupuestario]', lo que limita su efectividad. El mecanismo debe entenderse como un instrumento de etiquetado presupuestario maduro y bien documentado, cuya magnitud es verificable, pero cuyo impacto final en los resultados de igualdad de género solo está parcialmente comprobado.
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