El perfilado de los desempleados — el sistema algorítmico polaco de selección de prestaciones declarado inconstitucional

Desde 2014, la red pública de empleo de Polonia — unas 340 a 350 Powiatowe Urzędy Pracy (oficinas de empleo de distrito) en todo el país — utilizó un sistema algorítmico obligatorio para clasificar a cada desempleado recién registrado en uno de tres "perfiles", basándose en 24 datos (8 recogidos en el registro, el resto mediante una entrevista estructurada realizada por un funcionario en un terminal informático). Los solicitantes del Perfil I ("activos") debían encontrar empleo con ayuda mínima; los del Perfil II ("apoyados") recibían asistencia en la búsqueda de empleo; los del Perfil III ("distanciados") se consideraba que enfrentaban barreras sociales o motivacionales complejas y eran, en principio, elegibles para intervenciones más intensivas.

Una investigación independiente (Centre for Internet & Human Rights, corroborada por la cobertura de AlgorithmWatch en su informe Automating Society) determinó que los tres niveles se repartían aproximadamente en 2% / 65% / 33% a nivel nacional, y que los funcionarios solo modificaban la clasificación del algoritmo en el 0,58% de los casos, lo que lo convertía, en la práctica, en casi determinante. La misma investigación halló que el 38% de las oficinas de empleo no podían ofrecer ninguno de los diez tipos de apoyo previstos a los solicitantes del Perfil III —el grupo supuestamente más necesitado— porque los programas especializados resultaban demasiado costosos o logísticamente difíciles de gestionar para las oficinas más pequeñas.

El Defensor del Pueblo polaco recurrió al Tribunal Constitucional, argumentando que el alcance de los datos personales utilizados para perfilar a los ciudadanos debería haberse establecido mediante ley parlamentaria, no por reglamento ministerial. El Tribunal le dio la razón en una sentencia de 2018, considerando inconstitucional esa delegación. El gobierno aprobó posteriormente una enmienda que abolió el sistema de perfilado, en vigor desde diciembre de 2019, poniendo fin a cinco años de selección algorítmica de las prestaciones por desempleo a nivel nacional.