La Loi Organique du Budget n.º 2019-15, de 13 de febrero de 2019, integra la presupuestación sensible al género (PSG) en el marco nacional de gestión presupuestaria por objetivos (GBO). El artículo 18 exige que los responsables de programa elaboren presupuestos por objetivos y desempeño utilizando indicadores que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sujetos a evaluación en esos términos.
La implementación se canaliza a través de una unidad central de la Oficina de Presupuestación de Género (GBO) en el Ministerio de Finanzas, con el apoyo de ONU Mujeres y la GIZ, trabajando con 12 ministerios —incluidos Mujer/Familia/Infancia/Personas Mayores, Justicia, Asuntos Sociales, Educación Superior, Salud, Interior, Turismo, Defensa, Comercio, Equipamiento y Tecnologías de la Comunicación— mediante fichas estandarizadas "Budget Sensible au Genre" (BSG). Un programa de capacitación formó a funcionarios de estos ministerios (22 mujeres y 12 hombres) en herramientas de PSG, y se han producido fichas presupuestarias sensibles al género en varios ministerios para los ciclos presupuestarios de 2020 y 2021.
Pese a esta construcción institucional, un análisis presupuestario de género independiente (citado en un informe de análisis de género de UNICEF Túnez y recogido por la prensa tunecina en 2026) halló que menos del 1% del gasto público tunecino beneficia directamente a las mujeres, con un 1,3% adicional que las beneficia indirectamente a través de programas vinculados a la familia/infancia —lo que significa que bien más del 95% del presupuesto se elaboró sin que el análisis de género diferenciado se tradujera en una reasignación de recursos.
Salvedad, expresada con honestidad: se trata de un caso en el que el aparato procedimental e institucional de la presupuestación de género —mandato legal, unidad dedicada, personal capacitado, fichas presupuestarias estandarizadas en una docena de ministerios— es real y está bien documentado, pero el resultado presupuestario medido muestra que la reforma aún no ha reasignado de forma sustancial los recursos públicos hacia la equidad de género. Ilustra el patrón regional habitual de reformas de PSG que logran institucionalización administrativa mucho antes que impacto fiscal sustantivo, y se incluye aquí como caso de advertencia y no de éxito.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.