El registro biométrico del ACNUR alcanza a 113.000 refugiados en Libia en medio de una reacción política

Libia acoge a una gran población de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, junto a una población no registrada aún mayor, y no cuenta con un único gobierno central unificado capaz de otorgar a ACNUR un acceso consistente a las personas que trata de identificar y proteger. ACNUR utiliza su Sistema Global de Gestión de Identidad Biométrica (BIMS) para registrar a refugiados y solicitantes de asilo en Libia, operando principalmente desde Trípoli.

Sus propios paneles de registro, publicados regularmente, muestran un crecimiento constante: 56.687 personas registradas a finales de 2023, 79.019 a finales de 2024 (un aumento del 40%, con 36.159 nuevos registros ese año), 88.283 en abril de 2025, 110.908 en abril de 2026, y 113.026 (48.959 casos) el 1 de junio de 2026.

Los ciudadanos sudaneses representan más del 83% de los registrados, y solo Trípoli acoge a 47.701 personas, o el 42% del total. ACNUR ha sido explícito en que el registro capta solo una fracción de las nuevas llegadas: de un estimado de 228.800 sudaneses que llegaron a Libia solo en 2024, únicamente unos 30.800 fueron registrados ese año.

El crecimiento del programa está bien documentado a través de los propios paneles regularmente publicados por ACNUR, corroborados de forma independiente por Human Rights Watch. Pero esos mismos registros se han convertido en una fuente directa de conflicto político: ya en 2018, el Enviado Especial de ACNUR, Vincent Cochetel, dijo que las autoridades libias se "oponían a que proporcionáramos documentación adecuada". En junio de 2026, la Cámara de Representantes de Libia emitió una declaración rechazando el asentamiento de migrantes, un consejo municipal de Trípoli acusó a ACNUR de "socavar la seguridad nacional" y pidió su expulsión, y manifestantes bloquearon la sede de ACNUR en Trípoli. El caso ilustra tanto la escala que puede alcanzar un sistema de registro biométrico como la fragilidad de su sostenibilidad cuando el Estado anfitrión cuestiona activamente su legitimidad.