Bono por Hijo — El suplemento de pensión por hijo de Chile para las mujeres

El sistema de pensiones chileno, privatizado y basado en cuentas individuales (AFP), ha producido históricamente pensiones notablemente más bajas para las mujeres que para los hombres, debido a historiales de cotización más bajos e interrumpidos, vinculados al cuidado infantil no remunerado, una edad legal de jubilación más temprana para las mujeres y una mayor esperanza de vida femenina.
La reforma previsional de 2008 (Ley 20.255) creó el Bono por Hijo: un suplemento financiado por el Estado, pagado a las mujeres a los 65 años por cada hijo nacido vivo o adoptado, equivalente al 10% de 18 veces el ingreso mínimo vigente al nacer el hijo (o en julio de 2009, según corresponda), más la rentabilidad neta promedio del Fondo C de pensiones acumulada desde el nacimiento hasta la solicitud. Está disponible para mujeres afiliadas a una AFP y para beneficiarias de la Pensión Básica Solidaria que cumplan los requisitos de residencia, independientemente de si el padre del hijo alguna vez cotizó al sistema.
Una evaluación académica citada por el FMI (revista Economía, LACEA) señala que el beneficio alcanzó a 360.000 mujeres beneficiarias en octubre de 2020, aumentando su pensión mensual promedio en unos 9.796 pesos chilenos (aproximadamente US$12,70) — y afirma que esto sigue siendo insuficiente para compensar plenamente el cuidado no remunerado y la consiguiente brecha de empleo y de pensiones. El pilar solidario más amplio de la misma reforma de 2008 aumentó la tasa de reemplazo de pensión esperada de las mujeres en casi 20 puntos porcentuales, frente a unos 15 puntos para los hombres, reflejando un diseño de equidad de género más amplio, aunque parcial. Las reglas oficiales del régimen (Superintendencia de Pensiones) confirman la fórmula de cálculo y los criterios de elegibilidad.
Salvedad honesta: pese a su amplio alcance (360.000 mujeres), investigadores independientes califican el monto por hijo (unos US$12,70/mes) como demasiado pequeño para cerrar de forma significativa la brecha de género en las pensiones, que sigue estando determinada por desigualdades estructurales del mercado laboral y del cuidado no remunerado que el bono no aborda.