Cuota de género en los consejos de California (SB 826) — Avances rápidos y luego declarada inconstitucional

La ley californiana SB 826, promulgada el 30 de septiembre de 2018, exigía que toda empresa cotizada con sede en el estado contara con al menos una directora para finales de 2019, cifra que aumentaba a dos o tres según el tamaño del consejo para finales de 2021 — la primera cuota obligatoria de género en consejos de administración de Estados Unidos.

Mientras estuvo vigente, la ley provocó un cambio rápido: organismos de seguimiento del sector (el índice de diversidad de género de Equilar, el California Partners Project) registraron más de 2.000 nuevos puestos en consejos ocupados por mujeres en California y una cuota del 32,5% de los puestos, la más alta de cualquier estado de EE. UU. en ese momento.

El 13 de mayo de 2022, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles resolvió, en el caso Crest contra Padilla, que la SB 826 vulneraba la cláusula de igual protección de la Constitución de California, al considerar que el estado no había demostrado un interés apremiante ni que la cuota fuera necesaria y estuviera estrictamente delimitada; el fallo puso fin a la aplicación de la ley tras unos tres años y un juicio de 27 días. Reportajes posteriores (Forbes, diciembre de 2023) constataron que la representación femenina en los consejos de empresas californianas había disminuido desde entonces, lo que indica que los avances logrados bajo el mandato no se sostuvieron por completo una vez eliminada la obligación legal. El caso constituye un contrapunto de cautela directo frente a las cuotas legales aplicadas en otros lugares: muestra que una cuota obligatoria puede cambiar las cifras con rapidez, pero que, al basarse en una clasificación explícita por sexo, queda expuesta a una impugnación constitucional, y sus avances pueden revertirse si se elimina el mandato.