Granada lanzó su programa de Ciudadanía por Inversión (CBI) en 2013, siguiendo el modelo pionero de San Cristóbal y Nieves, país vecino. Los solicitantes obtienen la ciudadanía granadina mediante una donación no reembolsable al Fondo Nacional de Transformación del gobierno o invirtiendo en un proyecto inmobiliario aprobado.
Los ingresos del CBI han promediado aproximadamente el 5% del PIB anual desde el lanzamiento del programa, según datos de vigilancia del FMI. En 2022, la inversión extranjera directa alcanzó el 14,1% del PIB, impulsada en parte por las entradas del CBI. El gobierno ha usado los fondos para pagar atrasos presupuestarios, construir reservas fiscales, financiar proyectos de infraestructura y, al igual que San Cristóbal y Antigua, pagar directamente préstamos del FMI con ingresos del CBI.
La consulta del Artículo IV del FMI de febrero de 2025 es explícita: esta no es una base de ingresos estable y permanente. Granada ha dejado de aceptar solicitudes de ciudadanos rusos, y otras jurisdicciones de CBI están reforzando el escrutinio de diligencia debida, factores que, según el Fondo, reducirán los flujos futuros. Cualquier gobierno que considere un mecanismo similar debería tratarlo como una fuente de ingresos suplementaria y cíclica, no como base para la planificación fiscal a largo plazo.
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.