Ley 20.422 y Decreto n.º 1 — La Norma Chilena de Accesibilidad Web para el Sector Público
Chile
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La Ley 15 de 2016 de Panamá exige sitios web accesibles en el sector público, pero una auditoría de 2018 a 46 sitios encontró 14.571 errores WCAG 2.0. ANTAI y SENADIS acordaron después incorporar la accesibilidad a su monitoreo mensual de transparencia.
La Ley 15 de 2016 de Panamá, publicada en la Gaceta Oficial N.º 28046-B el 6 de junio de 2016 como reforma de la Ley 42 de 1999 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, estableció normas de accesibilidad para los sitios web de las instituciones del sector público, obligando a los organismos gubernamentales a hacer accesible su información en línea a las personas con discapacidad.
En 2018, las investigadoras Cindy Esquivel y Donna Roper y el investigador Ángel Ávila, de la Universidad de Panamá, publicaron una auditoría empírica en la propia revista de la universidad, Centros: Revista Científica Universitaria. Usando la herramienta de evaluación TAW frente a las pautas WCAG 2.0, evaluaron 46 sitios web —14 instituciones públicas (28%) y 32 empresas privadas (72%)— y registraron 14.571 errores en total. Las infracciones se concentraron en el principio Perceptible (los sitios de los sectores de medios y tecnología mostraron los recuentos más altos) y en criterios de éxito específicos: una tasa de fallo del 80% en el criterio de contenido 'adaptable' (1.3) y de hasta el 52% en el criterio de robustez/compatibilidad (4.1) entre sitios del sector asegurador.
En enero de 2019, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá (ANTAI) anunció un acuerdo con SENADIS, la secretaría nacional de discapacidad, para incorporar progresivamente criterios de accesibilidad a su Monitoreo Mensual de Transparencia ya existente sobre sitios institucionales, comprometiéndose a adecuar primero su propio sitio a esos estándares. Se trata de un caso de alerta: los únicos datos cuantificados de cumplimiento disponibles son la instantánea académica de 2018, que muestra un cumplimiento mínimo dos años después de la entrada en vigor de la ley, y no se encontró ninguna auditoría independiente posterior que confirme si el acuerdo de monitoreo de 2019 mejoró después los resultados de accesibilidad.
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