La Ley de Igualdad Salarial de Perú (Ley 30709): clasificación de puestos obligatoria, brecha del 25% persiste

El Congreso de Perú aprobó la Ley N° 30709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, en noviembre de 2017; su reglamento (Decreto Supremo N° 002-2018-TR) entró en vigencia en marzo de 2018. La ley obliga a los empleadores privados a construir estructuras objetivas y libres de sesgo de género de categorías y funciones, documentar su política salarial y valorar los puestos con criterios ajenos al género — la orientación metodológica se emitió después mediante las Resoluciones Ministeriales 243-2018-TR y 145-2019-TR.
El cumplimiento es supervisado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que puede sancionar a los empleadores que no mantengan los registros exigidos de clasificación y transparencia salarial.
El instituto nacional de estadística de Perú (INEI) da seguimiento al resultado que persigue la ley a través de su Encuesta Permanente de Empleo Nacional. Entre abril de 2023 y marzo de 2024, el INEI halló que los hombres ganaban en promedio S/1,898.1 mensuales frente a S/1,420.4 de las mujeres —una brecha de 25.2% que se amplía a más de 36% fuera de Lima y llega a cerca de 50% en Cerro de Pasco. Se trata de una mejora solo modesta frente a la brecha de alrededor de 28% que reportó el INEI en el primer año de la ley (2018), y representa datos de resultados medidos de forma continua, no una estimación puntual.
Perú se incluye aquí como un caso de cautela: un mandato legal bien definido, con infraestructura de fiscalización genuina y medición gubernamental sostenida, cuyo objetivo principal —cerrar la brecha salarial de género— no ha mejorado de manera sustancial seis años después de su entrada en vigor.