La Ofensiva Escalonada de la ACM Contra el Comercio Electrónico Inaccesible bajo la Ley Europea de Accesibilidad
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Un año después del plazo de la Ley Europea de Accesibilidad en Rumanía, la plataforma Wawsome encontró que alrededor de nueve de cada diez sitios web de empresas evaluados aún presentaban barreras importantes — contraste insuficiente, texto alternativo ausente, navegación por teclado defectuosa — mostrando que un plazo legal por sí solo no cambió la práctica.
Rumanía transpuso la Ley Europea de Accesibilidad (EAA) de la UE mediante la Ley 232/2022, y las obligaciones de accesibilidad digital para los sectores cubiertos — comercio electrónico, banca de consumo, comunicaciones electrónicas, libros electrónicos y ciertos servicios de transporte de pasajeros — se hicieron exigibles el 28 de junio de 2025.
Un año después, Wawsome, una plataforma europea de accesibilidad digital basada en IA, publicó hallazgos de sus propios datos de evaluación e interacciones con organizaciones durante ese año (28 de junio de 2025 – 28 de junio de 2026): aproximadamente nueve de cada diez sitios evaluados presentaban barreras de accesibilidad significativas. Los fallos más comunes fueron contraste de color insuficiente, texto alternativo ausente en imágenes, formularios inaccesibles, navegación por teclado difícil y uso incorrecto de marcado para lectores de pantalla (ARIA).
La propia Wawsome afirma que sus conclusiones se basan en datos internos agregados de sus propias evaluaciones de sitios e interacciones con clientes, y no pretende ser un estudio exhaustivo o estadísticamente representativo de todas las empresas rumanas. Aun así, las cifras fueron reportadas de forma independiente por varios medios nacionales — la agencia de noticias estatal AGERPRES, el diario económico Capital, entre otros — lo que indica que el hallazgo se consideró creíble y noticiable.
El patrón se repite con lo que el monitoreo ha encontrado en otros lugares tras la entrada en vigor de mandatos similares (por ejemplo, en Ecuador y Panamá): cumplir un plazo legal no produce, por sí solo, el cumplimiento. La propia autoridad de digitalización de Rumanía (ADR) está obligada, por separado, a publicar informes periódicos de monitoreo del sector público según la Directiva europea 2016/2102, lo que apunta al monitoreo independiente y recurrente — y no al plazo en sí — como la palanca que cambia la práctica.
Los detalles de implementación (coste, plazo, personal, condiciones para el éxito) aún no están disponibles para esta práctica.
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