Leyes canadienses de divulgación salarial en las universidades — listas públicas y una brecha salarial de género entre un 20 % y un 40 % menor

Entre 1996 y 2016, seis provincias canadienses (Columbia Británica, Manitoba y Ontario en 1996; Nueva Escocia en 2012; Alberta en 2015; Terranova y Labrador en 2016) obligaron a los empleadores del sector público, incluidas las universidades, a publicar nombres y salarios por encima de un umbral (desde 50 000 CAD en las primeras normas de BC y Manitoba hasta 100 000–125 000 CAD en las demás).
Baker, Halberstam, Kroft, Mas y Messacar utilizaron datos administrativos que cubren a la mayoría del profesorado canadiense y un diseño de estudio de eventos que aprovecha la adopción escalonada y la variación de exposición entre instituciones y departamentos. Publicado en el American Economic Journal: Applied Economics (2023), el estudio concluye que las leyes redujeron la brecha salarial de género en aproximadamente un 20–40 %. La versión como documento de trabajo de Statistics Canada indica una reducción de 2,2–2,4 puntos porcentuales, cerca del 30 % de una brecha inicial del 7–8 %.
El mecanismo es una advertencia para quien diseña políticas: los salarios bajaron de media entre 1 y 3 puntos porcentuales y la brecha se redujo sobre todo por un menor crecimiento salarial de los hombres, no por un mayor crecimiento de las mujeres. El efecto se concentró en las universidades sindicalizadas, donde los salarios femeninos subieron cerca de 1 punto porcentual; en las no sindicalizadas fue casi nulo, lo que sugiere que los procedimientos colectivos de reclamación convierten la transparencia en corrección.
La evidencia es sólida para el personal académico en un solo país; no demuestra efectos en el sector privado ni en la contratación. Complementa los regímenes de anuncios de empleo y de informes empresariales: evalúa la transparencia de los resultados salariales individuales, no de informes agregados.